Por Javier Valle Riestra

Quienes tergiversan el pensamiento testamentario de José de la Riva Agüero, marqués de Monte Alegre de Aulestia (abogados o neocatólicos expertos en sinagogas y Talmud), no han leído una sola palabra del maestro. No tienen idea de su monumental La Historia en el Perú o de algún párrafo de los XXIII tomos de sus Obras Completas. No tienen noción de que es bisnieto del mariscal Riva Agüero (presidente de la República en 1823) y de la princesa belga de Looz-Coswaren; y que la fortuna proviene por la línea materna de los Osma y Sancho Dávila, “ya que de mi padre, D. José Carlos de la Riva Agüero y Riglos, sólo heredé deudas”.

Tuvo una etapa juvenil liberal e incrédula, nietzscheana. Se retractó en su discurso del colegio La Recoleta (1932), dijo:

“No es maravilla, pues, que prevaricara escribiendo, en mis tesis y artículos de entonces, contra el catolicismo y el espiritualismo, despropósitos y frases impías, que hoy querría condenar a perpetuo olvido, y borrar y cancelar aun a costa de mi sangre.”

Decía que era reaccionario pero no conservador, “convencido como lo estoy de que, en el decaimiento moral e intelectual del mundo, ha de retrotraerse el ánimo hacia mejores épocas, para hallar ideales sanos y nobles”. Siendo ministro de Justicia de Benavides se promulga la ley de divorcio absoluto (1934) y renuncia porque “viene a quebrantar las bases de la familia y a aniquilar los escasos elementos de orden ético que conservábamos”.

Otorga uno de sus cinco testamentos, en 1933 –en nombre de la Santísima Trinidad–, y designa a la Pontificia U. Católica como usufructuaria de su fortuna precisando que al vigésimo año de su fallecimiento adquirirá la propiedad absoluta. Y ordena “que las enseñanzas de la Universidad Católica, sea cual fuere su forma y extensión, deben ser autorizadas por el superior eclesiástico”. Es decir, condicionó la herencia a la confesionalidad de la universidad y no a la suerte de agnosticismo a la que la han reducido los conversos de hoy. Llegó al extremo de expresar que sus obras debían ser publicadas previa censura eclesiástica. Para todo esto creó una Junta de Administración Perpetua, formada por el rector de la PUCP y un designado por el Arzobispado de Lima, señalando que toda decisión sobre los bienes le correspondía y que se imponía el voto del Arzobispado.

Los contrincantes del testador quieren reducir esa Junta al cumplimiento de cuidado de mausoleos, misas rezadas por parientes, una lámpara encendida en la bóveda de los Agüero, donaciones para novenas, etc. No. Ese no era el propósito. Puso como administradora insustituible de sus bienes a una Junta imperecedera y precisó que de no subsistir jurídicamente la Universidad Católica pasarían sus bienes por mitades a la Universidad Católica de Lovaina y al colegio Pío Latinoamericano de Roma. Pregunto: ¿Subsiste doctrinariamente la Universidad Católica, tal como la concibió Riva Agüero?

Diario Correo
Domingo, 1 de abril de 2007.