Los estudiantes de la Universidad Católica (UC) deben mantener la madurez necesaria para evitar ser usados, directa o indirectamente, como fuerza de choque por algunas oenegés vinculadas a su Alma Mater. Invocamos a los universitarios que practiquen la tolerancia y afinen sus convicciones científicas y humanistas para descubrir la verdad.

La cuestión de fondo en la divergencia entre el Arzobispado de Lima y la UC es jurídica. Sostener que detrás está el Opus Dei es lanzar una cortina de humo tan común y pedestre como armar una batahola callejera frente al domicilio de cualquiera que emita una opinión que no sea del agrado de la cúpula de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (Fepuc).

La juventud es vehemente, pero si a ello le sumamos manipulación se obtiene una combinación retrógrada y cavernaria muy peligrosa. Sería bueno saber qué dirá el rector de la UC sobre este tipo de marchas intimidatorias, por ejemplo. ¿O será que en su calidad de autoridad dio el aval para que el Centro Cultural de la UC se utilice como preconcentración para marchar por las calles de San Isidro apoyando una cara de la moneda? ¿Acaso se habrá acordado de sus épocas de velasquista y de militante del Partido Socialista Revolucionario? Tampoco resulta atinado que la Fepuc use este tipo de tácticas imitando, por ejemplo, a las huestes sutepistas de Patria Roja.

Más constructivo para los estudiantes de la UC es ir al fondo de la verdad histórica, descubriendo por qué mienten quienes sostienen que después de 1964 ya no tenía sentido la Junta de Administración, sin reparar que el año 1972 dicha Junta delegó poderes en un abogado –que hoy reniega de la existencia de la Junta– para administrar los bienes de Riva Agüero. Otra mentira quedó estampada en el comunicado de la PUCP publicado el pasado 6 de marzo donde sostiene que desde 1964 la universidad obtuvo la propiedad absoluta de los bienes del testador, puesto que no dice que, en realidad, la PUCP no esperó que se cumpla el plazo estipulado por Riva Agüero en su testamento ya que inscribió los bienes a su nombre siete años antes del plazo fijado, es decir en 1957, mediante un proceso forzado. Otra temeridad ha sido el acuerdo del año 94 –nulo por cierto–, hecho público hace apenas seis o siete meses, el cual se “pone término” a la Junta, pese a ser ésta perpetua e insustituible.

La Fepuc en vez de hacer marchas o plantones sin brújula ni compás debería preguntar a su rectorado cómo se manejan o destinan los fondos producto de contratos millonarios con las tiendas que ocupan el Centro Comercial Plaza San Miguel. Autoridades como Salomón Lerner, ¿a quiénes han rendido cuenta por estos negocios? Según el testamento de Riva Agüero lo debieron hacer ante la Junta instituida por el mecenas. ¿Acaso esos ingresos han ido a cubrir en parte el costo de las pensiones de los alumnos de la UC que no tienen recursos? El espíritu de dicho testamento era, en buena medida, que los ingresos financieros que obtuviera la PUCP de la fortuna legada por el filántropo sirvieran para amenguar las pensiones de los alumnos. Sin embargo, la PUCP es hoy un centro de estudios con pensiones singularmente costosas, contraviniendo la voluntad implícita de Riva Agüero.

Editorial del Diario Expreso publicado el 2 de abril de 2007