Luis García Miró Elguera(*)

Menudo enfrentamiento acaba de estallar entre el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP. ¿La razón? Esta última ha decidido violentar la voluntad del mecenas José de la Riva Agüero y Osma, responsable de la incalculable riqueza de la que hoy hace gala la Universidad Católica. El meollo del asunto radica en la interpretación del Testamento del filántropo. Riva Agüero legó su fortuna a ese centro de enseñanza sujeta al cumplimiento de determinada condición, la misma que medio siglo después de su muerte la Católica se niega a cumplir. Hagamos historia.

En 1944 se instituye la Junta de Administración de la herencia Riva Agüero. Su función –establecida en el Testamento del filántropo– es participar a perpetuidad en toda enajenación y gravado de bienes. Desde su origen estuvo conformada por un representante del Arzobispo de Lima y otro de la universidad. El Testamento señala que a los 20 años de la muerte de Riva Agüero la PUPC adquiría la propiedad de los bienes heredados. Sin embargo en ningún momento el testamento determina la extinción de la Junta. Transcurridos 20 años, es decir, asumida la propiedad de la herencia por la PUCP, esta continuó administrando el patrimonio Riva Agüero a través de la Junta. Sin ir muy lejos el emporio financiero Plaza San Miguel –una de las máquinas de hacer dinero con las que cuenta la Católica– fue construido sobre terrenos heredados previa aprobación de la Junta de entonces.

El asunto cambia en 1994 cuando la PUCP elige rector a Salomón Lerner, el de la Comisión de la Verdad. De manera sospechosa ese mismo día Lerner convoca a la Junta. Asiste el representante del Arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, y en forma extraña ambos interpretan el testamento de Riva Agüero decidiendo que en adelante la Junta delegue la administración total de la fortuna del filántropo a la PUCP. Tan sólo el año anterior –Lerner aún no era rector– la PUCP propuso a la Junta la venta de un inmueble “para ayudar a financiar el Centro Cultural de la PUCP”. Lo curioso es que la Junta acordó NO vender el inmueble. El hecho demuestra que hasta entonces toda operación relacionada a temas patrimoniales era sometida a la Junta.

Hoy la PUCP ha llegado al extremo de interponer ¡recurso de amparo! contra el representante del Arzobispo Juan Luis Cipriani. Se opone a que –cumpliendo la voluntad de Riva Agüero– este convoque a la Junta para que revise la venta de un local donde funciona un colegio particular aprobada a sola firma por la PUCP. El lío ya está en el Poder Judicial donde la Católica tiene un batallón de abogados en todas las esferas. Si bien se jacta de llamarse universidad Católica, su actuación dista mucho de serlo.

(*) Director de Expreso. Columna “El Mundo al revés” Donde nada el pájaro y vuela el pez. Lima, 20 de marzo del 2007.