El acuerdo firmado en 1994 entre los integrantes de la Junta de Administración de la Universidad Católica, que otorga a dicha casa de estudios el control absoluto sobre sus bienes, no tendría ninguna validez pues viola una de las cláusulas establecidas por el donante José de la Riva Agüero en su testimonio.

Todo el problema que enfrentan hoy las autoridades de la Católica y el representante del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, tiene su origen el 13 de julio de 1994 cuando los entonces integrantes de la Junta, el rector universitario Salomón Lerner y Carlos Valderrama (representante del arzobispo Vargas Alzamora), convienen interpretar la intención de Riva Agüero y acuerdan que la administración total quede sólo en manos de las autoridades universitarias, y que la autoridad eclesial se encargaría de las mandas testamentarias.

Para el abogado Fernán Altuve, esto carece de todo valor, pues en el "derecho sucesorio" no hay forma de modificar la voluntad del benefactor.

"Ningún acuerdo posterior puede modificar la disposición del testador, eso va contra todo principio jurídico, es un acto nulo", explicó en diálogo con Correo.

Por su parte, el abogado Raúl Canelo también fue enfático en señalar que la voluntad de un testador debe mantenerse tal cual.

Perpetua

Correo tuvo acceso al testamento final de Riva Agüero y según pudo constatar, en la cláusula quinta se indica que los bienes heredados corresponden a la universidad, pero la administración corresponde a su Junta de Administración, que tiene calidad de "perpetua".

Este medio también pudo comprobar que las autoridades de la Católica caen en un error al afirmar en un comunicado que desde 1964 la Junta perdió autoridad y competencia. Sin embargo, esta instancia siguió trabajando en conjunto hasta 1994.

"No propiedad sino administración"

Sobre el tema, el abogado del Arzobispado de Lima, Henry Bullard, aclaró que "no está en discusión la propiedad de los bienes", sino la administración de los mismos. Explicó que en 1994 los miembros de la Junta Administrativa acordaron que la administración estuviera en manos de la Universidad, lo cual es ilegal. "Riva Agüero estableció en su testamento que la administración de la universidad estaría a cargo de una Junta que sería perpetua e insustituible. Esa voluntad debe cumplirse y respetarse", dijo. Agregó que con esta decisión Riva Agüero buscaba que se "garantice que se usen adecuadamente los bienes que dejó".

MAS DATOS

DEBE SABER: Walter Muñoz, representante del Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ante la Junta, solicitó dos veces que esta instancia se reúna, pero en respuesta la Universidad Católica interpuso una acción de amparo en su contra.

Diario Correo, Lima 20 de marzo de 2007