¿Qué pensaría el ilustre José de la Riva Agüero y Osma si presenciara la controversia que han generado las autoridades de la universidad para la cual dejó su cuantioso patrimonio? ¿Qué diría al saber que esas autoridades no quieren acatar su última voluntad y le niegan al Arzobispo de Lima participación en la administración de la misma, en contra de lo que él señaló en su testamento?

Demasiada ofensa a la buena voluntad de este ilustre peruano que en su primer testamento, elaborado el 3 de diciembre de 1933, en Lima, y al que tuvo acceso EXPRESO, nombró como su heredera a la Universidad Católica del Perú, “la que tendrá usufructo de mis bienes recibiendo sus productos de la junta administradora; y los adquirirá en propiedad absoluta dicha universidad..., sólo si existiese al vigésimo año contando desde el día de mi fallecimiento”, según señala la cláusula décima sétima del mencionado documento.

En un tercer testamento ológrafo, fechado el 1 de septiembre de 1938, Riva Agüero estipula en la cláusula quinta que “para el sostenimiento de la Universidad Católica del Perú, a la que instituyo por principal heredera, y para los demás encargos, legajos y mandas, ..pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo mancomunado...”.

En la misma cláusula, Riva Agüero designa una serie de personas cercanas a su entorno como miembros de la junta administradora de la Universidad Católica, pero líneas más abajo aclara: “...cuando hubieren muerto o estuvieren impedidos todos los mencionados, entrarán el Rector de la Universidad Católica y el designado por el Arzobispo de Lima”.

José de La Riva Agüero y Osma falleció el 25 de octubre de 1944 y desde ese día sus bienes pasaron a ser parte de la propiedad de la Universidad Católica bajo administración de una Junta Administradora que sesionaba una vez al año, como también lo señalaba el testamento.

Atropellos a la última voluntad

La primera vez que las autoridades de la Católica desconocieron la última voluntad de su mecenas fue en 1957, cuando decidieron inscribir en Registros Públicos las propiedades heredadas, sin esperar que se cumplieran los 20 años de su muerte, fecha en la que podían reconocerla como propiedad absoluta sólo si la universidad continuase existiendo, conforme Riva Agüero lo estipuló en su primer testamento.

El segundo atropello fue perpetrado en 1994 por la Junta de Administración de aquel entonces, integrada por Salomón Lerner Febres, rector de la universidad, y Carlos Valderrama Adrianzén, en representación del Arzobispo de Lima, quienes “interpretaron a su manera el testamento”, delegando a la universidad la administración de los bienes y dejando para el vocero de la Iglesia Católica las mandas testamentarias.

Ambos personajes “olvidaron” que la Junta Administradora de los bienes heredados a la universidad es, tal y como lo establece el testamento de Riva Agüero, “perpetua” e “insustituible”, por lo que dicho acuerdo “es nulo de pleno derecho porque viola directa y abiertamente la voluntad del testador”, asegura Henry Bullar, asesor legal del Arzobispado de Lima.

LA CLAVE
No se ponen de acuerdo

Cuando los dos miembros en la Junta de Administración –integrada por el rector de la Universidad Católica y una persona designada por el Arzobispo de Lima– no se ponen de acuerdo, quien tiene el voto es el Arzobispo de Lima, que es a la vez Gran Canciller de la universidad. Esto está estipulado en el Reglamento de la Junta de Administración vigente, aprobado en el año 1957 y que no ha sido modificado.

“Fueron los propios miembros de la junta, quienes por unanimidad acordaron este reglamento. Cuestión lógica si se toma en cuenta que el que ejercería el voto dirimente era cabeza de las dos instituciones: la universidad y el Arzobispado”, señala Henry Bullar, asesor legal del Arzobispado de Lima.

EL DATO
Las actas de las sesiones realizadas por la Junta Administradora desde 1944 hasta el 2001 estuvieron siempre en poder de la universidad. Recién el año pasado y a pedido del representante del Arzobispo, estas llegaron a sus manos.

MÁS CONTRADICCIONES

Como producto de su insistencia para la realización de una nueva reunión de la Junta Administradora, el representante nombrado por el Arzobispo de Lima, Walter Muñoz Cho, ha sido querellado por las autoridades de la Católica, quienes lo acusan de “querer intervenir en los asuntos que son de competencia absoluta de la universidad”.

Argumentan su acusación en un comunicado “A la Comunidad Universitaria”, publicado el 7 de marzo pasado en el que señalan que la Junta Administrativa establecida por Riva Agüero perdió competencia en los asuntos referidos al patrimonio de la universidad. Falso. Como ya explicamos, la existencia de la Junta Administrativa para los bienes heredados a la universidad por Riva Agüero es perpetua e insustituible. Asimismo, según el testamento del mecenas, las sesiones de la Junta Administrativa deben efectuarse como mínimo una vez al año; sin embargo, el Arzobispado de Lima señala que desde el 2001 el rector de la universidad no se ha reunido con su representante.

La otra parte

Muñoz Cho manifiesta que por más de medio siglo la Junta de Administración ha ejercido su obligación de velar por la buena administración de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, “sin que esto haya significado un atropello a los derechos de autonomía de la universidad para gobernar y administrar sus bienes”. Por ello y para garantizar el fiel cumplimiento de su legado, conforme a su última voluntad, pide que “se respete la existencia de la Junta Administrativa de los bienes heredados conformada por el rector de la universidad y el miembro nombrado por el Arzobispo de Lima”.

No quieren rendir cuentas

Para el asesor legal del Arzobispado, Henry Bullar, “durante doce años (1994 – 2006) se han administrado los bienes de la Pontificia Universidad Católica si rendir cuenta a nadie. Ese fue uno de los motivos por los que el actual representante del Arzobispado en la Junta de Administración pidió la realización de una reunión, pero obtuvo de respuesta una querella”.

“Nadie sabe qué ha pasado con ese dinero y con los bienes, y el mandato de Riva Agüero era que exista una Junta que, además de administrar, fiscalice de manera directa el comportamiento que se tome sobre lo que él dejó en herencia”, indica. “Se trata de cumplir con un mandato testamentario. El Arzobispado no tiene intención de discutir la propiedad sino la administración de la universidad”, afirma.

Diario EXPRESO. Publicado el 21 de marzo de 2007. Sección: Política. Vanessa Cabanillas