José de la Riva Agüero donó sus bienes a la Universidad Católica UC motivado por su fe. Pero hoy este centro de estudios ha dejado de lado la verdadera interpretación del testamento de su benefactor, negándose a cumplir la voluntad esencial respecto a la participación a perpetuidad de una Junta de Administración, integrada por un representante del Arzobispado de Lima y otro de la UC. Frente a esto, el arzobispo Juan Luis Cipriani ha manifestado que tiene una obligación moral para cumplir el legado de este insigne peruano, aún más cuando Cipriani es Gran Canciller de esta universidad de acuerdo a lo establecido por la Santa Sede.

Lamentablemente el año 1994 Salomón Lerner Febres, en representación de la UC, y el abogado Carlos Valderrama Adrianzén, por el Arzobispado de Lima, se reunieron en la Junta de Administración y procedieron a interpretar antojadizamente el testamento de Riva Agüero, definiendo que en lo sucesivo la UC administraría totalmente los bienes y además señalaron –extralimitándose en sus funciones– que ya no era necesaria dicha Junta, dejando así de lado la voluntad del testador según la cual en ningún momento podía extinguirse dicha Junta. Lo que hasta ahora nadie ha dicho es que Valderrama, pese a ser representante del Arzobispado, era también profesor en la Facultad de Derecho de la UC, es decir formaba parte de esa institución universitaria por la que mantenía su compromiso y un rol especial. Hecho que explicaría esta errática interpretación.

Luego, ya como rector Salomón Lerner –personaje sinuoso que presidió la Comisión de la Verdad–, se consolidó una élite de profesores de la izquierda caviar, que adquirió más poder y capturó los puestos administrativos y académicos estratégicos de la UC, pero que utiliza hoy –sin rubor– el término “Pontificia” y usufructúa el prestigio de este centro de estudios desconociendo la participación del Arzobispado para velar por los bienes donados por Riva Agüero. Eso explica por qué la UC ha puesto trabas a las reiteradas convocatorias que el actual representante del Arzobispado, Walter Muñoz Cho, le hiciera para recibir informes sobre el manejo de determinadas propiedades. Por si esto fuera poco, la UC ha interpuesto una acción de amparo contra el Arzobispado para impedir que esta vigile el uso de los bienes. Obviamente este recurso está respaldado por la influencia que la izquierda caviar –metida en esta universidad– ejerce sobre instancias jurisdiccionales y la prensa.

Consideramos que las instituciones más llamadas a practicar la veracidad son las universidades. Y en esto la usurpación de la que hacen gala algunos personajes atornillados por décadas a la UC no es más que apego a los negocios individuales o de grupo antes que el respeto a la voluntad de su benefactor. Pero al mismo tiempo esa élite de docentes de la izquierda caviar ha declarado la guerra al cardenal Cipriani porque no quiere perder los convenios y donaciones que canalizan a sus oenegés. Un ejemplo de ello es Justicia Viva, entidad de fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y la ONG izquierdista Instituto de Defensa Legal IDL. Así hoy –paradójicamente– la UC lleva el adjetivo “católica” pero se rebela contra la Iglesia de Benedicto XVI.

He aquí una motivación –además de la económica– por la cual estos profesores no quieren que exista una Junta perpetua e insustituible, integrada por un representante del Arzobispado. Esperamos que el Poder Judicial respete el derecho del Arzobispado y no se deje amedrentar por la influencia de unos profesores onegeístas que usan un centro universitario para repotenciar a sus ONG. En resumen, aquí no está en discusión la autonomía universitaria sino la voluntad del testador, quien actuó en su vida con una fe ante la cual la mayoría de la comunidad universitaria de la UC debería guardar respeto.

(*)Editorial del Diario Expreso. 22 de marzo de 2007. Pág. 02