Viajaron de incógnito a Roma, pero el Vaticano apoyó a Cipriani.

Las actuales autoridades de la Católica actuaron a espaldas del Gran Canciller de la PUCP desconociendo su autoridad ante Roma y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), según documentos a los que tuvo acceso EXPRESO.

Una carta enviada por el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, al rector de la PUCP, Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, revela que este último habría expuesto ante la CEP una propuesta de trabajo que no fue coordinada con el Gran Canciller, tal y como lo regula la Iglesia Católica en el ex Corde Eclessiae y, sobre todo, conforme se había dado en la universidad con regularidad.

“A mi regreso de Roma he sido informado de la presentación que usted, en nombre de la PUCP, hiciera ante la Asamblea Plenaria de la CEP, ofreciendo una propuesta de trabajo a los señores obispos. Esto sería muy laudable siempre y cuando se hubiera actuado respetando el cauce normal, coordinando y consultando previamente al Arzobispado de Lima, Gran Canciller de la PUCP y no en su ausencia”, dice la carta textualmente.

Fueron por lana...
El rector de la universidad, Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, y el vicerrector, Marcial Rubio, viajaron a Roma en febrero pasado para “informar de su 90° aniversario”, pero, según una fuente eclesiástica, la Santa Sede les pidió que coordinaran con su representante, el Gran Canciller de la PUCP, y concluyan la adaptación de su estatuto al ex Corde Eclessiae, para que pueda ser aprobado por el Vaticano.

La misma fuente señala que es mentira que en la actualidad haya en el país otras universidades pontificias como la Católica que no necesariamente trabajan en coordinación con la Iglesia y tampoco les han quitado sus títulos eclesiásticos, tal y como lo señaló días atrás Jorge Avendaño, profesor de la PUCP.

“San Marcos, San Antonio Abad del Cuzco y San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, fundadas durante la colonia por la Iglesia, ostentaron dichos títulos, pero los perdieron por haberse desvinculado de la Iglesia”, asegura la fuente.

Un especialista en derecho canónico consultado por EXPRESO indicó que es inexacto lo que argumenta Avendaño acerca de que la PUCP “no es necesariamente una universidad de derecho canónico”.“La Católica desde su fundación, en el año 1917, ha estado sujeta a la jerarquía de la Iglesia en el Perú, ello bajo la autorización y reconocimiento del Arzobispo de Lima en ese entonces”, explicó.

Otro desacato
Los obispos del Perú, en el 2000, suscribieron un documento para regular la aplicación del ex Eclessiae en el Perú, que tampoco ha sido acatado por las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

A continuación un extracto de las recomendaciones del Vaticano para la adaptación del estatuto de la PUCP al ex Corde Eclessiae, considerada ley orgánica de las universidades católicas.

En 1999
-La universidad se rige bajo las normas de la Iglesia. El texto de su estatuto y sus posibles modificaciones requieren la aprobación de la Santa Sede.
-La Comisión Episcopal es un órgano de vigilancia para el recto cumplimiento de los principios católicos que están en la base de la universidad.
-El Gran Canciller, para el mejor cumplimiento de su oficio, se servirá de un consejo consultivo, compuesto por el rector y por dos representantes de los profesores.
-Se debe incluir un representante del Episcopado en el Consejo Universitario.

En 2001
-El párrafo que refiere a la naturaleza jurídica debe decir “La PUCP ha sido erigida canónicamente por S.S. Pío XII el 30 de septiembre de 1942 y goza de personalidad jurídica. Por tanto, a la universidad le es aplicable la legislación canónica. Esta constituida, además, como asociación civil sin fines de lucro, al servicio de la comunidad”.

-Para la elección del rector recomienda: “La Asamblea Universitaria ponderará el parecer que sobre sus candidatos propuestos para el oficio pueda emitir el Gran Canciller con el voto consultivo de la Comisión de Obispos delegados de la Conferencia Episcopal Peruana para la Universidad, presidida la misma por el Gran Canciller”.

Diario Expreso, 26 de marzo de 2007. Pág. 03