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Lima, 21 de junio de 2008 |
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EN DEFENSA DE LA VERDAD Como es de conocimiento público, la Pontificia Universidad Católica del Perú se negó a que la persona designada por el Arzobispo de Lima ejerciera la función encomendada por José de la Riva Agüero en la Junta Administradora de sus bienes, dispuesta en sus testamentos. Adicionalmente, inició un proceso judicial para que sea amparada su pretensión, y solicitó una medida cautelar que la Corte Superior de Justicia dejó sin efecto. Asimismo, el Juez de Primera Instancia declaró improcedente la demanda. Con el objeto de reafirmar la posición del Arzobispado de Lima, se decidió solicitar la opinión de tres calificados juristas españoles, Juan Vallet de Goytisolo, Luis Díez-Picazo Ponce de León y Eduardo García de Enterría, quienes después de un concienzudo análisis emitieron un dictamen concluyendo que el Arzobispo mantiene vigentes sus facultades en dicha Junta dispuesta con carácter perpetuo e insustituible en los testamentos citados, y que éstos, como expresiones de última voluntad, deben ser respetados y no interpretados libremente. Como consecuencia de ello, el 12 de mayo último la persona designada por el Arzobispo en la Junta de Administración ha interpuesto una demanda judicial para que el órgano jurisdiccional declare la certeza de su derecho, que sin cuestionar la autonomía universitaria ni la propiedad de los bienes de la Universidad, representa una carga a estos últimos en lo que se refiere a su administración. Mantendremos informada a la opinión pública nacional del desarrollo de estos procesos. Lima, 21 de junio de 2008
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