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Lima, 26 de abril del 2009 |
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Triunfo trascendental Luis García Miró Elguera Ejemplar e irrefutable el triunfo –en las dos instancias que correspondían ante el Poder Judicial– del Arzobispado de Lima ante la pechugonada y altanería de ciertos directivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP. Directivos que, dicho sea de paso, uno de ellos presidiera y otros integraran la Comisión de la Verdad, y quienes decidieran per se botar de la Junta que administra la PUCP al representante del Arzobispo de Lima, no obstante seguir usando el portentoso nombre y apellido “Pontificia-Católica”. Y cuidado que usar ese título no solo implica atraer a las decenas de miles de alumnos que ingresan cada año a la Católica pagando altísimas primas –o sea la parte marketera del negocio–, sino que en rigor ello permite que la progresía caviar pueda llevar a sus bolsillos, y a los bolsillos de sus amistades políticas, parte de los dividendos que genera la herencia del benefactor José de la Riva Agüero. Herencia legada a la Católica bajo la pétrea condición que –a perpetuidad– los bienes del filántropo sean administrados por una Junta conformada por dos integrantes: un representante del Arzobispado de Lima y otro del Rectorado de la PUCP. Pero el cinismo de algunos comisionados de “la verdad” –sentados en el ápice directriz de la Universidad Católica–, hizo que un buen día la cúpula decidiera echar de la Junta Administradora al representante del Arzobispado. Bastó una sesgada “interpretación” del Testamento de Riva Agüero –obviamente por parte del rectorado de aquel centro de estudios– para que esos comisionados optaran por asumir la gerencia exclusiva de la heredad donada, a pesar de que el patriarca la legara para que –a perpetuidad– sea manejada bajo el co-mando del Arzobispado y el Rectorado. La sentencia de la Octava Sala Civil de Lima es pues contundente. Precisa como tema vertebral que no existe prohibición para que un testador –como José de la Riva Agüero– pueda imponer una o más condiciones sobre los bienes que lega. Y en este caso la condición clave de refiere, específicamente, a la Junta y a su carácter perpetuo. En consecuencia el fallo trae implícito algo sensacional: los bienes de la Católica ya no podrán seguir siendo despilfarrados, como sucede al momento. Es decir, despilfarrados bajo la forma de contratar solo a la progresía caviar; de patrocinar suntuosos seminarios –y viajes– con jueces y funcionarios públicos a quienes se estimula a fallar de acuerdo al código de la izquierda jurídica que impone la progresía enquistada en la Católica; de mal utilizar el prestigio del título Pontifica y Católica para santificar proyectos político-ideológicos como la Comisión de la Verdad o el Museo de la Memoria, o el monumento al Ojo que Llora, etc. En síntesis, ello quiere decir que en adelante el representante del Arzobispado podrá vetar toda decisión que signifique abusar del patrimonio legado por el mecenas Riva Agüero. Pero la progresía caviar no va a cruzarse de brazos. La veremos pronto politizando el asunto para enervar el fallo judicial. Y usará para ello a alguna voz fuerte, esas que suelen deleitarse denigrando al Arzobispo de Lima. Expreso, página 4. |
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