Soy plenamente consciente de que, en esta ocasión, tengo la oportunidad de hablar, en cierto sentido, a toda la familia del Poder Judicial en el Perú. Por ello, mi palabra franca y directa es de estima por la persona y la familia del juez y de interés por su tarea como elemento esencial para hacer posible el desarrollo del Perú, ya que sin justicia no puede haber desarrollo equitativo y sostenido.

Al celebrar el aniversario de la independencia del Perú en días pasados, he querido recordar al país que el progreso material está creciendo rápidamente y que este hecho requiere un esfuerzo complementario para que también lo haga, al mismo ritmo, en su dimensión espiritual. Por ello me parece muy apropiado traer a colación las palabras de un insigne jurista y hombre cristiano a carta cabal, el Dr. Raúl Ferrero Rebagliati: “El progreso espiritual de un pueblo se mide, ciertamente, por el grado de independencia real de que gocen sus jueces. De ahí que las democracias tradicionales tienen un respeto casi religioso por la autonomía de su organización judicial”. (Obras Completas, Tomo III, p. 381)

Desde luego no bastaría la autonomía de origen, emanada de nombramientos imparciales, si no se dota al Poder Judicial de recursos económicos propios que permitan: por un lado, asegurar un nivel de vida decoroso y una mayor consagración a la labor específica del Juez; y, por otro lado, una mayor celeridad en los trámites como consecuencia del establecimiento de nuevos Tribunales y Juzgados. De esta manera, el espíritu de trabajo y la abnegación de muchos jueces se verán recta y justamente estimulados.

Queridos hermanos, la rectitud que exige la función judicial, hace referencia a una cuestión fundamental que hoy todos debemos afrontar, es decir, la del uso responsable de la libertad, tanto en su dimensión personal como social. “En la valoración de la conducta humana nada es tan delicado como apreciar el comportamiento de los jueces, cuya excelsa función exige rectitud, desprendimiento y decoro, en lo privado y en público” (Ibid., Tomo I, p. 335)

La “solidaridad social” (Juan Pablo II en las NNUU el 5 X.95), nos obliga a contemplar el ejercicio de nuestra libertad a la luz de nuestra responsabilidad, dignidad y grandeza como jueces. Es oportuno recordar que la libertad no es simplemente ausencia de tiranía o de opresión, ni es licencia para hacer todo lo que se quiera. La libertad posee una lógica interna que la cualifica y la ennoblece: está ordenada a la verdad y al bien y se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento de la verdad y del bien. Separada de la verdad, la libertad decae en la vida individual en libertinaje y, en la vida social, en arbitrariedad, atropello y abuso del más fuerte. Se instala la corrupción.

Como resulta evidente hermanos, es necesario que en la administración de justicia se imponga esta ética de la solidaridad social si se quiere que la participación, el crecimiento económico y una justa distribución de los bienes se promuevan de modo equitativo y caractericen el futuro de nuestro país.

Por eso, en esta ocasión, los invito a vivir una nueva esperanza que nos exija quitar del futuro el pesimismo o el conformismo, ambas expresiones del decaimiento espiritual. La esperanza no es un vano optimismo dictado por la confianza ingenua de que el futuro es necesariamente mejor que el pasado. La esperanza unida a la confianza son expresiones de la responsabilidad que tienen en esta delicada función; surge de la propia conciencia donde “el hombre está a solas con Dios” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 16). Permitan que les recuerde, queridos jueces, que ustedes deben ser la “conciencia moral” del país, al practicar esta solidaridad social.

Que todo esto no parezca una utopía irrealizable. Por el contrario, sólo si asumimos el “riesgo de la solidaridad social” asumiremos el maravilloso “riesgo de la libertad” que nos ayude a vivir con pasión la vocación noble y sublime de administrar justicia.

La ayuda de Dios no nos faltará y nuestra Madre la Virgen del Carmen nos acompañará en esta difícil tarea.