La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicta que: “se entiende por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
“Torturar a las personas es un pecado mortal. Un pecado muy grave”
Papa Francisco
La tortura desprecia la dignidad
El objetivo principal de la tortura es destruir la personalidad de la víctima, en este sentido, las Naciones Unidas lo consideran uno de los actos más aborrecibles de la humanidad y lo han condenado desde sus inicios, declarándolo un acto ilegal y además, un crimen contra la humanidad.
El Papa Francisco ya se ha referido a este tema en el pasado, condenando estas prácticas: “En esta circunstancia ratifico la firme condena de todo tipo de tortura e invito a los cristianos a comprometerse a colaborar en su abolición y apoyar a las víctimas y a sus familiares. Torturar a las personas es un pecado mortal. Un pecado muy grave”.
La ONU comprometida con las víctimas
La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948, fue el primer documento internacional donde se condenó por primera vez la tortura y otros tratos crueles, pero fue en 1975 cuando la ONU aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la Asamblea General creó en 1981 el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura con el objetivo de financiar a las organizaciones que brindan asistencia a las víctimas de la tortura y a sus familias. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General en 1984 y entró en vigor en 1987. Pero fue en diciembre del año 1997, cuando se proclamó el día 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, y de esta manera generar una mayor cultura de ayuda a las víctimas.